A. SALAZAR / M. JAIME | MÁLAGA / MIJAS
La Junta de Andalucía ya ha activado el Servicio de Protección del Menor para analizar la situación de Fernando, el niño nigeriano de siete años que vive desde hace cinco con una familia de acogida, después de que su madre biológica les pidiese en una playa gaditana que cuidasen un rato del pequeño para desaparecer a continuación. La madre biológica se puso tiempo después en contacto con la familia de acogida, les dijo que estaba en situación ilegal y les pidió que se hiciesen cargo de él porque ella no podía mantenerlo. Ahora, la madre biológica quiere recuperarlo y la de acogida se niega porque se ha convertido en un hijo para ella. El problema es que la familia española, que ahora vive en Mijas, nunca dio a conocer a los servicios sociales de la Junta la situación del menor.
La delegada de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Amparo Bilbao, califica de «error» esta actuación por parte de la familia e indica que se podría haber regulado su situación. En el caso de la tutela del menor, se puede obtener la tutela ordinaria por vía judicial cuando fallecen los padres; por vía de desamparo, cuando el menor está en situación de desprotección, con lo que pasaría a la red de acogimiento o adopción; y la guarda de hecho, que habría sido la forma más fácil de que la familia continuase con él porque se aplica cuando la familia no tiene título jurídico con éste.
Ahora, la Junta intentará mediar entre las familias. Aunque será un juez quien decida. Por lo pronto, Fernando continuará en casa de la familia de acogida este fin de semana, a la espera de que se celebre un juicio rápido la próxima semana. El abogado de la familia de acogida aún no ha recibido la notificación para este encuentro. Aunque será un magistrado quien tenga la última palabra, Bilbao advierte de que, a nivel legal, es difícil que la familia de acogida consiga que le den la razón porque no puede demostrar la situación anterior del menor. «En estos casos es la madre biológica quien tiene todas las de la ley, y más cuando ha mantenido en contacto con el niño», dice.
Sin rastro del informe
Bilbao afirma que hasta que la información fue publicada por este periódico la Junta desconocía el caso. «No teníamos datos administrativos de lo que estaba pasando», señala. El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mijas, por su parte, indica que remitieron en su día toda la documentación al Servicio de Protección del Menor. Lo único que demuestra lo que ha pasado es un documento en los servicios sociales en Tarifa en 2005 donde la familia da fe de que cuidan al pequeño desde julio de 2004 en situación de provisionalidad. Al trasladarse a Mijas también hicieron una copia.
0 comentarios: