El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata considera necesario un marco normativo común para regular los centros de menores tutelados por la Administración por problemas graves de conducta que requieren de una atención especializada.
Así lo explicó durante su intervención ante la Comisión de Salud Pública y Bienestar Social de las Cortes Regionales, donde ha comparecido a petición propia tras hacerse públicos algunos aspectos del Informe del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, sobre la situación y funcionamiento de los centros de menores de España, en el que cita los centros terapéuticos de Villaconejos de Trabaque en Cuenca y Casa Joven de Azuqueca de Henares en Guadalajara.
Lamata valoró de manera positiva el informe del Defensor del Pueblo y mostró su seguridad de que si hubiera encontrado maltrato o vulneración de derechos de los menores lo hubiera denunciando ante las instancias judiciales pertinentes. Hasta la fecha, no consta ninguna queja por escrito significativa o denuncia por maltrato de menores ingresados en alguno de los dos centros citados en el informe.
Asimismo, defendió la necesidad de un consenso entre las comunidades autonómicas y el Estado, como propone el Defensor del Pueblo, para que los proyectos educativos y las reglas de convivencia interna de estos recursos asistenciales puedan tener un desarrollo normativo en aspectos relacionados con derechos de los menores regulados por la ley orgánica de protección jurídica de éstos.
En su comparecencia, el consejero avaló las recomendaciones recogidas en el informe del Defensor del Pueblo para mejorar el funcionamiento de los centros de menores, aunque señaló que muchas de ellas se están aplicando en la región, como la separación de los menores de reforma de los de protección, que ya se está llevando a cabo de manera paulatina en la región.
Sistema garantista
El consejero explicó el modelo de intervención socioeducativo que se aplica en estos dispositivos de atención especializada para menores con problemas de conducta, y los protocolos de actuación y reglamentos internos que establecen las normas y pautas de funcionamiento de los centros bajo la supervisión de la Dirección General de Familia y la Comisión de Valoración y Seguimiento formada por técnicos del servicio de menores de las Delegaciones Provinciales y el equipo directivo de cada centro. En todo caso, cuando se produce el ingreso de un menor se informa a la fiscalía y se solicita autorización judicial.
En ambos centros, señaló el consejero, las visitas por parte de los técnicos de referencia del Servicio de Menores de las Delegaciones Provinciales de Salud y Bienestar Social y de la Dirección General de Familia han sido con una frecuencia al menos mensual.
También indicó que los dos centros terapéuticos aludidos han sido objeto de distintas remodelaciones físicas y estructurales y adaptaciones reglamentarias y normativas para lograr ese objetivo y no descartó la implementación de nuevas medidas que mejoren los programas y tratamientos que se desarrollan en estos dispositivos
Una red completa
En su intervención, Fernando Lamata desglosó la amplia red de recursos sociales que han hecho de Castilla-La Mancha una comunidad autónoma a la cabeza en la creación de recursos de atención a menores y a las familias y en cuanto al número de profesionales.
Así, el Gobierno regional ha puesto en marcha en la región 16 centros de día de prevención e intervención en violencia familiar para detectar las situaciones de riesgo o desprotección.
Asimismo, se han destinado más de 2,2 millones al Programa de Acogimiento Familiar mediante el cual un total de 646 menores tutelados pudieron disponer de un hogar y un entorno familiar, lo que supone que el 54% de estos menores han podido convivir con familias acogedoras que perciben ayudas para que su labor no suponga una merma en la economía familiar.
Además, para valorar la situación del menor una vez que es tutelado existen 8 hogares de primera acogida y valoración y un total de 81 plazas, con un coste de mantenimiento de 2,1 millones de euros.
También contamos con otra modalidad de convivencia para aquellos menores que están en situación de ser adoptados a través de familias acogedoras con carácter preadoptivo estando en esta modalidad 70 menores lo que supone el 5,7% de los menores tutelados.
En cuanto al acogimiento residencial, Castilla-La Mancha dispone de un total de 70 centros de protección con un total de 624 plazas cuyo presupuesto de financiación superó en 2008 los 15,6 millones de euros y también hay 59 hogares de media y larga estancia con 431 plazas dónde los menores viven en grupos de ocho.
Otros programas relacionados con la atención a jóvenes ex tutelados por la Administración autonómica son el de Autonomía Personal cuyo objetivo es apoyarles en su proceso de emancipación del que se beneficiaron el pasado año un total de 224 chicos y chicas.
Para el desarrollo de este objetivo existen un total de 13 pisos de autonomía con 60 plazas que durante 2008 permitieron el tránsito a la vida normalizada a 106 jóvenes y supusieron un coste en educadores y mantenimiento de las viviendas de 343.335 euros.
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