Inmigración Ruano argumenta que "si los menores llegan en cayuco y violan la frontera española son un asunto estatal"
MIGUEL ÁNGEL AUTERO SANTA CRUZ DE TENERIFE El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, en declaraciones a La Opinión de Tenerife ha dicho que "el Archipiélago requiere de una política de Estado y una política europea sobre la inmigración clandestina, entre ellas, para los menores inmigrantes no acompañados, [porque en la actualidad] está contemplada por parte del Gobierno español como si fuera un asunto de competencia exclusiva de la Comunidad de Canarias, a sabiendas de que se trata de menores que han violado las fronteras españolas y la custodia de las fronteras españolas no es responsabilidad del Gobierno de Canarias, ni de ninguna comunidad autónoma, sino del Gobierno de España", subraya.
En la actualidad, Canarias tutela a 1.300 menores no acompañados que han llegado en cayuco a lo largo de los últimos años, para lo cual el Ejecutivo autónomo ha dispuesto 29 centros que componen un dispositivo de emergencias. El último centro abierto está ubicado en el CEIP de Los Baldíos, un colegio que volverá a abrir sus puertas a los alumnos en septiembre por lo que el centenar de chicos que han sido alojados en estas instalaciones tendrá que abandonarlas, como mucho el 25 de agosto, según fuentes de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
Según el acuerdo mantenido con el anterior ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, Canarias tendría que haberse hecho cargo de 300 menores no acompañados a tenor del territorio y la disponibilidad de infraestructuras, repartiendo entre todas las comunidades al resto de menores. Aquel acuerdo de 2005, evidentemente, no se ha cumplido y Ruano señala que "no es un problema de insolidaridad, es un problema de falta de política de Estado. No se va a la Península a demandar solidaridad de las comunidades. El problema está en cuál es el tratamiento normativo que le damos al fenómeno".
Cambio en la normativa. "Nosotros lo que decimos es que si los menores inmigrantes llegan en cayuco, y cada vez en mayor número, porque las mafias ya saben que un menor al que envían tiene que ser tutelado por una comunidad autónoma y al cumplir la mayoría de edad está en condiciones de adquirir la nacionalidad. Eso produce un ciclo que, incluso, puede acabar con un reagrupamiento familiar de acuerdo con la legislación española vigente. Por ello hay que romper ese ciclo porque no puede producirse el reagrupamiento producto de una llegada clandestina de esta manera".
El consejero afirma que "si lo que se ha violado es la frontera española es el Estado español el responsable de la tutela de ese menor, es un problema de inmigración y no de Asuntos Sociales. Ahora bien, hablamos de menores y hay que darles la acogida adecuada y formación suficiente porque así nos lo exige la Convención de Derechos del Niño, hay que darle una oportunidad de vida. Esto significa que las Comunidades Autónomas deben responsabilizarse de la acogida y el Estado de la tutela".
Según Ruano, "facilitaría que el Estado estableciera un conjunto de cupos en función de la población de cada comunidad. Si Canarias tiene 2.000.000 de habitantes, nos correspondería llegar, según evaluamos, unos 300; la Comunidad andaluza, que tiene 9.000.000 de habitantes, pues les corresponderían la parte proporcional y así sucesivamente. El asunto ha de tener un tratamiento de Estado y no que se deje a la libre disposición de una u otra comunidad, porque a Castilla y León está claro que no le llegan los cayucos. El Gobierno español tiene que modificar el planteamiento tal y como llevamos en una Proposición de Ley".
Contradecir el principio de la UE
Para el titular del departamento de Presidencia, Justicia y seguridad del Ejecutivo canario "es un gran avance que se conforme una política común en materia de inmigración y, aún siendo críticos con algunos de los contenidos de la Directiva, estamos en la apuesta de que es imprescindible adoptar una política común". Sin embargo, Ruano se pregunta sobre cuál debe ser el contenido de esa política común para añadir que "ésta debe favorecer que los flujos de inmigración que recibe Europa sean legales porque estos inmigrantes contribuyen al desarrollo social y económico de los países donde se asientan y también a los países de origen adonde remiten sus remesas de recursos que son importantes también". Afirma que "la inmigración es un fenómeno, sea legal o clandestina, que va a seguir dándose al haber países pobres y países ricos y la Unión Europea debe tener capacidad para gestionar esos flujos". Sin embargo, el consejero cuestiona si para controlar esos flujos "¿es correcto hacerlo con normas criticables como la de establecer límites de hasta 18 meses de retención? Pues posiblemente no lo sea porque se produce una contradicción de los principios fundadores de la UE entre los cuales están la Democracia, o el respeto a los Derechos Humanos con el implantar una retención administrativa de hasta 18 meses como si fuera el cumplimiento de una pena por un delito".
En la actualidad, Canarias tutela a 1.300 menores no acompañados que han llegado en cayuco a lo largo de los últimos años, para lo cual el Ejecutivo autónomo ha dispuesto 29 centros que componen un dispositivo de emergencias. El último centro abierto está ubicado en el CEIP de Los Baldíos, un colegio que volverá a abrir sus puertas a los alumnos en septiembre por lo que el centenar de chicos que han sido alojados en estas instalaciones tendrá que abandonarlas, como mucho el 25 de agosto, según fuentes de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
Según el acuerdo mantenido con el anterior ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, Canarias tendría que haberse hecho cargo de 300 menores no acompañados a tenor del territorio y la disponibilidad de infraestructuras, repartiendo entre todas las comunidades al resto de menores. Aquel acuerdo de 2005, evidentemente, no se ha cumplido y Ruano señala que "no es un problema de insolidaridad, es un problema de falta de política de Estado. No se va a la Península a demandar solidaridad de las comunidades. El problema está en cuál es el tratamiento normativo que le damos al fenómeno".
Cambio en la normativa. "Nosotros lo que decimos es que si los menores inmigrantes llegan en cayuco, y cada vez en mayor número, porque las mafias ya saben que un menor al que envían tiene que ser tutelado por una comunidad autónoma y al cumplir la mayoría de edad está en condiciones de adquirir la nacionalidad. Eso produce un ciclo que, incluso, puede acabar con un reagrupamiento familiar de acuerdo con la legislación española vigente. Por ello hay que romper ese ciclo porque no puede producirse el reagrupamiento producto de una llegada clandestina de esta manera".
El consejero afirma que "si lo que se ha violado es la frontera española es el Estado español el responsable de la tutela de ese menor, es un problema de inmigración y no de Asuntos Sociales. Ahora bien, hablamos de menores y hay que darles la acogida adecuada y formación suficiente porque así nos lo exige la Convención de Derechos del Niño, hay que darle una oportunidad de vida. Esto significa que las Comunidades Autónomas deben responsabilizarse de la acogida y el Estado de la tutela".
Según Ruano, "facilitaría que el Estado estableciera un conjunto de cupos en función de la población de cada comunidad. Si Canarias tiene 2.000.000 de habitantes, nos correspondería llegar, según evaluamos, unos 300; la Comunidad andaluza, que tiene 9.000.000 de habitantes, pues les corresponderían la parte proporcional y así sucesivamente. El asunto ha de tener un tratamiento de Estado y no que se deje a la libre disposición de una u otra comunidad, porque a Castilla y León está claro que no le llegan los cayucos. El Gobierno español tiene que modificar el planteamiento tal y como llevamos en una Proposición de Ley".
Contradecir el principio de la UE
Para el titular del departamento de Presidencia, Justicia y seguridad del Ejecutivo canario "es un gran avance que se conforme una política común en materia de inmigración y, aún siendo críticos con algunos de los contenidos de la Directiva, estamos en la apuesta de que es imprescindible adoptar una política común". Sin embargo, Ruano se pregunta sobre cuál debe ser el contenido de esa política común para añadir que "ésta debe favorecer que los flujos de inmigración que recibe Europa sean legales porque estos inmigrantes contribuyen al desarrollo social y económico de los países donde se asientan y también a los países de origen adonde remiten sus remesas de recursos que son importantes también". Afirma que "la inmigración es un fenómeno, sea legal o clandestina, que va a seguir dándose al haber países pobres y países ricos y la Unión Europea debe tener capacidad para gestionar esos flujos". Sin embargo, el consejero cuestiona si para controlar esos flujos "¿es correcto hacerlo con normas criticables como la de establecer límites de hasta 18 meses de retención? Pues posiblemente no lo sea porque se produce una contradicción de los principios fundadores de la UE entre los cuales están la Democracia, o el respeto a los Derechos Humanos con el implantar una retención administrativa de hasta 18 meses como si fuera el cumplimiento de una pena por un delito".
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